La primera ley de Emmanuel Macron, el nuevo presidente de la República Francesa, tendrá por objeto la moralización de la vida pública. El proyecto de ley —en curso de elaboración para su adopción en las próximas semanas en el futuro Parlamento— denota hasta qué punto este tema ha calado en la opinión pública durante una campaña presidencial especialmente enconada y continúa siendo foco de atención ante las próximas elecciones legislativas del 11 y 18 de junio.

En estos últimos meses salieron a la luz varios casos que afectaron especialmente a François Fillon, el candidato de la derecha, y a Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha. Recordemos algunos hechos: François Fillon ofreció supuestamente empleos ficticios como asistentes parlamentarios a sus familiares y aceptó como regalo trajes valorados en decenas de miles de euros de un amigo abogado (que es un personaje central de la “Françafrique” (ndlr : leer más adelante)).

En cuanto Marine le Pen, está siendo investigada por otorgar contratos ficticios y por la financiación ilegal de su campaña electoral. Pero podríamos citar muchos otros casos que afectan, por ejemplo, al antiguo presidente Nicolás Sarkozy, al diputado Thomas Thevenoud, al senador y hombre de negocios Serge Dassault, al diputado Patrick Balkany, así como a UBS France, HSBC…

Estos escándalos han exacerbado la sensación del “todos podridos” y la crisis de confianza hacia la clase política, profundamente arraigada en Francia. Sólo el 11% de los franceses afirma confiar en los partidos políticos, según el barómetro Cevipof publicado en enero de 2017. El 75% de las personas interrogadas consideran que “los dirigentes políticos franceses son, por regla general, más bien corruptos”.

Este clima de desconfianza hacia la clase política sitúa a Francia en una posición pésima en el índice sobre la corrupción publicado por la ONG Transparencia Internacional. En 2016, Francia ocupaba el puesto 23 de 168, apenas por delante de Bahamas, Chile y Emiratos Árabes Unidos. Por contra, siete de sus vecinos europeos (entre ellos Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza y Alemania) ocupan los diez primeros puestos de la clasificación.

¿Por qué Francia, conocida como “la patria de los derechos humanos” no está a la altura para dar ejemplo o al menos hacerlo tan bien como el resto de sus vecinos europeos?

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